Mejoran en Yucatán el acceso a la justicia y conciliación laboral
El Tribunal Primero Laboral y el Tribunal Segundo Laboral atienden un total de 3,738 casos
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MÉRIDA, Yucatán.- La reforma laboral en Yucatán ha transformado el acceso a la justicia para los trabajadores, atendiendo 3,738 casos y resolviendo 952, gracias al uso de la tecnología y a la conciliación como una de las principales vías para resolver conflictos. Desde la implementación de esta reforma, que creó el Tribunal Primero Laboral y el Tribunal Segundo Laboral, los acuerdos conciliatorios han aumentado significativamente, pasando de un 29% y 36% a un 50%, en cumplimiento con la Ley Federal del Trabajo.
En los dos años desde su puesta en marcha, los jueces laborales han realizado 426 audiencias y emitido 92 providencias cautelares. Estas medidas han sido clave para proteger a trabajadoras despedidas por embarazo o víctimas de discriminación de género, garantizando su acceso al seguro social durante el proceso judicial, en el marco de una política judicial con perspectiva de género.
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Con el objetivo de brindar seguridad a los trabajadores en situaciones de violencia, los tribunales laborales han creado espacios especiales para proteger a las personas involucradas en estos casos. Además, se han emitido tres sentencias en formato de lectura fácil en casos que involucran a niñas, niños y adolescentes, asegurando su derecho a la información conforme a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
La modernización tecnológica también ha sido un componente crucial en estos tribunales. Herramientas como la firma electrónica del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y el buzón electrónico laboral han permitido la emisión de acuerdos y notificaciones digitales, agilizando el proceso judicial. Actualmente, 1,634 usuarios están registrados en el sistema de notificaciones electrónicas.
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Ante la creciente demanda, se prevé la apertura de un nuevo tribunal laboral en 2025, lo que mejorará la capacidad de respuesta para atender a más de 2 millones de habitantes en el estado de Yucatán. Esta medida busca fortalecer el acceso a la justicia laboral en la región.